Se ha aprobado un proyecto de ley llamado Código de las Personas y de la Familia en Burkina Faso, donde se incluye una disposición que prohíbe la homosexualidad en el país. Este nuevo código supone un retroceso, ya que hasta ahora era legal a pesar de la gran discriminación contra los homosexuales.
Según un comunicado de la Presidencia burkinesa, Edasso Rodrigue Bayala, ministro de Justicia, proclamó tras un consejo de ministros: “La homosexualidad y otras prácticas similares están ahora prohibidas y serán castigadas por la ley”. Bayala ha añadido que el proyecto “incluye grandes innovaciones” respecto a la “realidad sociocultural” del país y sus tradiciones. Aún no se han especificado las sanciones previstas y el texto debe ser aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa de Transición.
El proyecto de ley también contempla la retirada de la nacionalidad por “actuar contra los intereses de Burkina Faso”, aunque esta medida no afectará a los hijos de la persona sancionada. Además, impone un periodo de cinco años para que los extranjeros que contraigan matrimonio con un ciudadano del país puedan adquirir la nacionalidad.
Otras disposiciones del proyecto incluyen la reducción de la mayoría de edad de los 20 años a los 18 años, y especifican que el matrimonio podrá llevarse a cabo a los 16 años “excepcionalmente y con autorización de un juez”. También se reconocerán los matrimonios consuetudinarios y religiosos mediante su transcripción en el registro civil.
En agosto, el órgano de regulación de los medios decidió “prohibir la emisión de canales de televisión que promuevan la homosexualidad”. Cabe destacar que el país está dirigido desde septiembre de 2022 por el capitán Ibrahim Traoré, quien asumió el poder tras un golpe de Estado y se convirtió en el presidente en ejercicio más joven del mundo.
Las relaciones homosexuales están prohibidas en un tercio de los países del mundo, y en algunos de ellos pueden ser castigadas con prisión o incluso pena de muerte. En el continente africano, la homosexualidad está penalizada en 33 países (más de la mitad del total), y algunos de ellos, como Ghana y Uganda, han endurecido recientemente sus leyes.