El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tomado la decisión de no financiar la marcha del Orgullo LGTBIQ+ programada para el mes de noviembre por una cuestión de «responsabilidad fiscal». Según Milei, en un contexto en el que Argentina enfrenta serios desafíos económicos, con un 50% de la población viviendo en situación de pobreza, es crucial priorizar los recursos estatales para cubrir necesidades urgentes como la seguridad, la sanidad y la educación.
El presidente justificó su postura y afirmó que el financiamiento público de eventos como la marcha del Orgullo LGTBIQ+ representa un “gasto innecesario”, y señaló que su Gobierno se ha comprometido a reducir el gasto estatal y enfoca los fondos en áreas que considera esenciales. “El bienestar general debe ser la prioridad”, declaró Milei, y añadió que los recursos públicos no pueden destinarse a lo que él califica como “caprichos ideológicos”.
La marcha del Orgullo LGTBIQ+, programada para el sábado 2 de noviembre, es un evento que celebra la diversidad, la inclusión y los derechos del colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, para Milei, estas celebraciones no justifican el uso de fondos estatales. En su lugar, ha instado al colectivo LGTBIQ+ a buscar financiamiento privado, para distanciar al Estado de lo que considera la promoción de movimientos que representan intereses políticos particulares y no el bienestar de la sociedad en su conjunto.
La administración ha subrayado que, aunque la diversidad es un valor aceptado en Argentina, esto no implica que el Estado deba asumir el coste de estos eventos, sobre todo cuando hay prioridades más urgentes. Javier Milei ha aprovechado para criticar el “enfoque politizado” que se ha dado al Orgullo en ocasiones anteriores y se ha quejado de que el evento tiene una inclinación hacia la izquierda.
También ha hablado de sus políticas contra la transición de género, que justificó diciendo que era una medida para “proteger a los niños argentinos de esa perversa ideología… Nuestro propósito es que todos los niños crezcan en un ambiente sano y seguro, lejos de quienes promueven la ideología de género y atentan contra su integridad”.
Estas medidas se suman a la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas, y que amplió a “toda la administración pública nacional”.
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