Las conquistas sociales logradas durante las últimas décadas con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez pueden correr peligro. Blindarlas constitucionalmente es una de las prioridades del partido ante el riesgo de retroceso debido al avance de la extrema derecha y su consolidación en nuestro país, ya que PP y Vox gobiernan conjuntamente en más de un centenar de ayuntamientos.
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se celebrará en Sevilla el 41º Congreso Federal, en el que los socialistas se comprometen a actualizar sus bases ideológicas. Quieren incluir en la Ley Fundamental que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio igualitario, legalizado hace ya casi veinte años, “tengan que ser observados y respetados en cada momento y territorio, independientemente del signo político que gobierne”.
Además, el PSOE quiere incorporar en la Constitución otras medidas como la obligatoriedad de revalorizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, y el carácter público de la vivienda protegida. Pedro Sánchez ha considerado la vivienda como uno de los desafíos de la legislatura y, por ello, el PSOE quiere prohibir la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en zonas de alta demanda. Su intención es “desincentivar la especulación, contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar”.
Otro de los puntos de esta ponencia propone obligar por ley a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados, como ocurre Francia, con el objetivo de “fomentar la involucración y la eficacia de nuestra fuerza laboral y lograr una distribución más equitativa de la riqueza”. Es una manera de luchar contra la evasión fiscal de los “megarricos”, sumado al establecimiento de un tipo marginal del 50% en la tarifa general del IRPF a partir de los 300.000€ anuales.
En el ámbito educativo, el PSOE busca impulsar un programa estatal de becas para los jóvenes con mejores expedientes y rentas familiares medias y bajas para que puedan opositar a los principales cuerpos funcionariales del Estado, así como integrar de manera progresiva del modelo de formación dual en todos los grados universitarios y titulaciones de FP. El objetivo es que “todo el alumnado combine su formación teórica con una experiencia práctica en empresas, entidades públicas u ONGs”.
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