En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo), la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Fundación 26 de Diciembre han alzado la voz con un mensaje claro: la diversidad LGTBIQ+ debe integrarse de forma estructural en las políticas públicas de envejecimiento. Ambas entidades denuncian que la realidad de las personas mayores del colectivo sigue siendo invisibilizada, pese a que atraviesa una doble vulnerabilidad marcada por el edadismo y la LGTBIfobia.
Las organizaciones alertan de que discriminaciones como las sufridas por edadismo y LGTBIfobia no actúan por separado, sino que se refuerzan mutuamente, y afectan directamente al bienestar, la salud y el acceso a recursos sociales y sanitarios. En muchos casos, la falta de entornos seguros obliga a las personas mayores a ocultar su orientación sexual o identidad de género, con un impacto profundo en su calidad de vida.
Según datos de la Federación Estatal LGTBI+, el 40% de las personas mayores LGTBIQ+ sufre soledad no deseada, mientras que un 60% tiene miedo a ser discriminada en centros residenciales. Esta situación, denuncian, no solo genera aislamiento, sino que condiciona decisiones básicas como solicitar ayuda o ingresar en un recurso asistencial.
Tanto la PMP como la Fundación 26 de Diciembre reclaman que la diversidad se incorpore de forma efectiva y estable en la política y que la respuesta institucional deje de ser puntual. «La dignidad no caduca», recuerdan para insistir en que ninguna persona mayor debería vivir con miedo o invisibilidad.
En este contexto, las organizaciones también han destacado la importancia del teléfono 028 del Ministerio de Igualdad, conocido como Servicio Arcoíris, que ofrece atención gratuita y especializada 24 horas ante situaciones de LGTBIfobia, además de incluir apoyo jurídico y psicosocial inmediato.
La bandera incluye a todos, independientemente de su edad.
Formación obligatoria y espacios seguros: una hoja de ruta urgente
Ambas entidades exigen que se comience a valorar desde el diseño hasta la financiación y evaluación de las políticas de envejecimiento. Además, para ello, exigen la creación de recursos y centros que funcionen como espacios seguros, con protocolos específicos que prevengan la discriminación y garanticen el buen trato para estas personas.
Asimismo, subrayan la necesidad de formación obligatoria en diversidad sexual y de género para profesionales de servicios sociales y sanitarios. «Envejecer con derechos significa eliminar cualquier tipo de discriminación,» exclama el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández.
La PMP y la Fundación 26 de Diciembre concluyen el mensaje final de manera contundente: el envejecimiento debe ser un proceso de derechos, no de exclusión. La sociedad, subrayan, solo será verdaderamente inclusiva cuando todas las personas, sin importar su identidad u orientación, puedan envejecer con seguridad, autonomía y dignidad.
