El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió un vídeo el pasado martes en el que prometía que, si era reelegido en las próximas elecciones, castigaría a los doctores que ofreciesen tratamientos de afirmación de género a menores y que instigaría a los colegios a promover una «educación positiva sobre la familia nuclear» y «los roles de las madres y los padres». Estas medidas son parte de una amplia gama de leyes que pretenden usar el poder federal para atacar a las personas transgénero.
En este vídeo, que Trump subió a su propia red, Truth Social, aseguraba a sus fanáticos que asignaría a varias agencias federales la función de acabar con el tratamiento de afirmación de género a menores, que comparó con «abuso de menores» o «mutilación genital». Siguiendo la campaña de instigación de odio que ya le funcionó la primera vez, Trump también prometía prohibir a cualquier agencia federal promover el concepto de la transición de género a cualquier edad, no solo en menores.
El tratamiento de afirmación de género, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, «consiste en una colección de servicios que pueden incluir tratamientos médicos, quirúrgicos, de salud mental e incluso servicios fuera del departamento médico para personas transgénero y no binarias». Los defensores de los derechos LGTBIQ+ de Estados Unidos protestan firmemente contra estas medidas, que consideran perjudiciales para las personas trans.
Las propuestas de Trump están entre las más extremistas comparándolas con muchas de las que han estado circulando entre los capitolios de los estados durante estos últimos años. Ha llegado a sugerir que forzaría una ley federal que obligase a reconocer solo dos géneros. Ha dicho que presionaría al Congreso para aprobar una ley que prohibiría el tratamiento de afirmación de género para menores a nivel nacional. Quiere hacer que el Departamento de Justicia investigue a la industria farmacéutica y a los hospitales. Su objetivo es averiguar «si han cubierto los horribles efectos secundarios de las transiciones de género para hacerse ricos». Despedirá a todo doctor que ofrezca a menores trans cualquier tipo de ayuda.
Además, ha asegurado que facilitará el proceso de denunciar a sus doctores a los pacientes que se arrepientan de haber recibido tratamiento de afirmación de género como menores. Llama a estos procedimientos «imperdonables». No solo quiere perjudicar a las personas trans en el ámbito sanitario, sino que también pretende cambiar la educación en el país. Se ha comprometido personalmente a crear un «nuevo cuerpo de profesores con credenciales» con respecto a cómo enseñan la historia afroamericana y nativo americana. Además, añade que este nuevo panel de profesores «se asegurará de promover la educación de la familia nuclear y los roles de madres y padres». Pretende que los colegios enseñen los diferentes roles de género y cómo deben encajar en el sistema los menores.
Si llega a la presidencia, Trump pretende que su Departamento de Educación imponga «severas consecuencias» a cualquier profesor o escuela que incluso sugiera la transexualidad en sus clases. Estas consecuencias van desde penalizaciones civiles hasta incluso la perdida de financiación de escuelas. Esta convencido de que «la locura de género de la izquierda esta siendo forzada en nuestros niños y es un acto de abuso infantil».
Siguiendo los pasos de su primera campaña, Trump pretende basar su candidatura en un discurso de odio que aliente a los extremistas estadounidenses a votarle. El objetivo cambia esta vez, ya que el problema principal no son los inmigrantes como alegaba en 2016. El grupo que recibirá el odio de la campaña de Trump en esta ocasión será el de las personas trans, que han sido la preocupación principal de los fanáticos de derechas estos últimos meses.
Cinco estados republicanos han puesto en práctica prohibiciones y restricciones con respecto al tratamiento de afirmación de género para menores en los últimos dos años: Alabama, Arizona, Arkansas Tennessee y Utah. Legisladores en al menos 21 estados han propuesto este año leyes para prohibir este tratamiento para menores.
Utah es el último estado que ha ilegalizado el proceso de afirmación de género. El gobernador firmó la ley el pasado sábado y la Union Americana de Libertades Civiles de Utah y el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas han dicho que pretenden denunciar al estado de Utah por esta ley en las próximas dos semanas. Varias organizaciones médicas nacionales apoyan la reafirmación de género para menores, como la Asociación Médica Americana, la Academia Pediátrica Americana o la Asociación Psicológica Americana.