Vox pisotea la ley contra LGTBIfobia de Madrid

Temas: Derechos LGTBIQ+, Madrid, Política, Rocío Monasterio

El partido de ultraderecha Vox, a través de Rocío Monasterio, ha explicado sus condiciones para retomar las negociaciones con el PP y poder llegar a un acuerdo para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Entre estas propuestas se encuentran: crear una Consejería de familia y natalidad, probar un ‘pin parental’ para que los padres excluyan a sus hijos “de actividades contrarias a sus convicciones” y derogar una decena de artículos de dos leyes que regulan los derechos LGTBI.

Además, con prisas, ya que Santiago Abascal reclama cerrar un pacto antes del martes 2 de julio, día en que vence el plazo para que el presidente de la Asamblea elija a un candidato a la investidura.

Rocío Monasterio afirma: «Hemos venido a defender ideas, no a pedir consejerías», tras mostrar su intención de derogar bastantes artículos de las Leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Vox pretende romper así el cordón sanitario de Ciudadanos y lograr que la formación de Albert Rivera (que se ha negado a negociar directamente con ellos) acepte a este partido como un igual.

Sin embargo, Ciudadanos no está por la labor, y ha rechazado este miércoles la propuesta de Vox de pactar con ellos. A lo que Ignacio Aguado (líder de Ciudadanos en Madrid) ha expresado su deseo de «intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar”. Aunque anteriormente había dejado claro su veto al PSOE, esta afirmación ha sido tomada como una invitación para llegar a un acuerdo. «Ciudadanos nació para hacer frente al nacionalismo, al populismo, al pensamiento único».

¿Qué es el ‘pin parental’?

Según la web de Vox, es «una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian ‘nuestros’ hijos, con tal instancia solicitamos a la dirección que nos informe previamente, a través de una autorización expresa, obre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación».

Los artículos de las leyes LGTBI que Vox quiere derogar

Estos son los artículos de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la Ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBifobia y la discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual que Vox quiere derogar, según ha listado Rocío Monasterio en su comparecencia:

Ley 2/2016: artículos 32, 33, 34, 41, 48 y aquellos que impongan sanciones. Esas previsiones protegen la diversidad familiar, garantizan que no haya discriminación en los procesos de adopción y acogimiento y reconocen el amparo de la ley contra la violencia de género de toda persona agredida cuya identidad de género sea la de mujer. Además, defienden que los medios de comunicación incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de identidad o expresión de género en sus contenidos. Y explicitan la inversión de la carga de la prueba cuando se denuncie discriminación.

Ley 3/2016: artículos 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 66 y aquellos que impongan sanciones. Aseguran que los medios de comunicación públicos y los subvencionados defienden y divulgan «el respeto a la diversidad sexual, identidad y expresión de género». También impulsan la creación de una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género, establecen la realización de actividades específicas en los centros educativos para reconocer la igualdad del colectivo LGTBI, e incluyen contenidos relacionados en el currículo escolar y los planes educativos. Al tiempo, Vox impugna en esta ley, como en la anterior, el principio de inversión de la carga de la prueba.