La justicia –aunque tarde– siempre llega. La Comunidad de Madrid ha impuesto una sanción de 20.001 euros a Elena Lorenzo, la ‘terapeuta’ que fue denunciada por vulnerar la Ley contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad al ofrecer a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad. Las palabras del vicepresidente Ignacio Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno han sido tajantes: “Este Ejecutivo no va a dar un paso atrás en materia LGTBI y derechos civiles”.
En el año 2016, la asociación Arcópoli (Asociación LGTB de la Comunidad de Madrid y de las Universidades Complutense y Politécnica) presentó ante la Consejería de Políticas Sociales un escrito en el que denunciaba esta presunta infracción administrativa a la supuesta coach. A partir de ese momento, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales acordó abrir un periodo de información previa de carácter reservado.
En enero de 2017, mientras se resolvía el proceso, se registró una nueva denuncia, formulada por dos particulares, que hacían también alusión a un posible delito por realización de terapias.
Ya en marzo de este año, la Secretaría General Técnica resolvió que los hechos denunciados podrían constituir una infracción administrativa “muy grave”, con multas que podrían oscilar entre 20.000 y 45.000 euros. Teniendo en cuenta la gravedad del asunto, un mes después, el Consejo de Gobierno inició el procedimiento sancionador.
Es la primera vez desde la entrada en vigor de la ley que se impone una multa de estas características. Anteriormente, el resto de procedimientos habían alcanzado multas que oscilaban entre los 200 y los 1.800 euros. Desde aquí aplaudimos a la Comunidad de Madrid y esperamos que no vuelvan a producirse casos como este.