El pasado 27 de septiembre, Les Corts valencianas daban luz verde a la Ley de Igualdad de las personas LGTBI, tras ser aprobada por el Consell el pasado 8 de junio de 2018. La noticia fue anunciada en pleno por la vicepresidenta y consejera de igualdad y políticas inclusivas, Mónica Oltra (Compromís), quien afirmó que “la ley que presentaban reconocía el derecho de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales a la igualdad y la no discriminación”.
La ley surge como respuesta al reciente aumento de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana para garantizar por la vía legal el aumento de la protección y la dignidad de las personas del colectivo. Hace un año, el mismo Gobierno aprobó la ley que serviría de antesala a la ley actual, la Ley Integral de Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de género, convirtiéndose en un hito dentro de las políticas LGTBI llevadas a cabo por el Gobierno del Botánico.
Sobre la ley
La ley ha sido el resultado de 84 propuestas hechas por particulares y entidades al Gobierno, las cuales han derivado en una ley con 62 artículos, estructurados en cuatro títulos con un objetivo claro: “Combatir de manera decida contra la LGTBfobia”, tal y como apuntó Oltra en su intervención.
Entre los diferentes temas tratados en esta ley, destaca la creación de un Consejo valenciano LGTBI, el cual se encargará de velar por el cumplimiento de todo aquello previsto en la nueva ley. Pero, sin lugar a dudas, una de las materias más polémicas sobre las que ha decidido legislar el ejecutivo valenciano ha sido la prohibición de las terapias de aversión, es decir, “cualquier tipo de métodos, programas y terapias de aversión conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas”.
La nueva ley LGTBI también recoge temas relacionados con el apoyo y protección al colectivo, la atención a las víctimas o la atención sanitaria en el ámbito reproductivo y sexual. Del mismo modo, y también por primera vez, se ha estipulado de manera oficial la cuantía obligada a pagar por parte de aquella persona que incumpla cualquier aspecto recogido en la ley. Las sanciones económicas oscilarán entre los 200 y los 45.000€, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La situación en España
La Comunidad Valenciana, junto con Aragón y Cantabria, han sido las tres últimas Comunidades Autónomas en incluir legislación LGTBI en el conjunto de sus leyes autonómicas. Por su parte, Navarra y País Vasco fueron las dos primeras en implantar políticas en su conjunto legislativo con la Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (2009) y Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (2012), respectivamente.
Todo esto hace que España se haya convertido en líder mundial de leyes LGTBI, tras presentar el pasado año una propuesta legislativa por parte del grupo Podemos para la creación de una ley nacional integral de la transexualidad y otra de igualdad LGTBI, entre las cuales se incluirían aspectos como la despatologización de la transexualidad y la libre determinación de género, entre otras demandas.
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