Más de diez mil manifestantes se han reunido en el centro de Budapest por el Orgullo Gay para protestar contra la polémica Ley antiLGTB aprobada el pasado mes de junio por el presidente húngaro Viktor Orbán. La Unión Europea inició acciones legales contra Hungría por esta ley, pero el país ha decidido convocar un referéndum sobre la nueva legislación para “combatir la presión de la UE”.
En la manifestación han participado políticos, activistas, músicos, deportistas, más de cuarenta embajadas y presidentes de organizaciones que defienden al colectivo LGTB y que apoyan los planes de la Unión Europea contra las leyes homófobas. También se han mostrado en contra del referéndum, que constará de cinco preguntas ideadas para buscar el ‘no’ de los candidatos húngaros, y que tendrá lugar a finales de este año o a principios de 2022.
Según los manifestantes, esta ley ha dividido a la sociedad húngara. “Es indignante. Vivimos en el siglo XXI y estas cosas no deberían suceder. No vivimos ya en tiempos comunistas, esto es la UE y todo el mundo debería poder vivir libremente”, ha asegurado un joven durante la concentración. Aunque existe otra parte de la población húngara que sí apoya la Ley antiLGTB. Tras la marcha del Orgullo, varias organizaciones de la ultraderecha como Nuestra Patria o Federación Alfa convocaron una manifestación en contra de la del colectivo LGTB, pero apenas acudieron unas pocas decenas de ultras que la policía tuvo que cercar para evitar enfrentamientos.
Por suerte, muchos países de Europa se han manifestado en contra de la ley y han apoyado a la Unión Europea con la esperanza de que tome medidas efectivas. Así lo ha afirmado Terry Reinke, copresidenta del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGTB. “Toda Europa observa lo que sucede en Hungría”.
Tras la aprobación de la controvertida ley, la Comisión Europea recordó en un comunicado que “la igualdad, el respeto de la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la UE, consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”, y que, por ello, ha iniciado un procedimiento de infracción contra Hungría y Polonia para asegurar la protección de los derechos fundamentales de todos los europeos. Hungría los vulneró con la aprobación de una ley que prohíbe la cultura LGTB a los menores de edad en los colegios y cualquier referencia hacia la homosexualidad y transexualidad. Y Polonia llevó a cabo resoluciones propias para crear «zonas libres de ideología LGTB» por todo el país, que son una realidad desde 2019.
Ante la emisión de las acciones legales de la UE, Hungría llevará a cabo un referéndum para someter a votación popular esta ley, porque, según Orbán, “Bruselas ha atacado a Hungría por su ley de protección de la infancia. Las leyes húngaras no permiten la propaganda sexual en los jardines de infancia, las escuelas, la televisión y los anuncios. El futuro de nuestros niños está en juego”. En el referéndum se preguntará si los húngaros apoyan la celebración de talleres de orientación sexual en las escuelas sin su consentimiento o si apoyan los procedimientos de reasignación de género entre los niños.
Tanto la política de Hungría como la de Polonia ponen en peligro el bienestar y la salud mental de los jóvenes LGTB, que quedan desinformados y sin referentes. La CE ha señalado que la protección de los menores es “un interés público legítimo que la UE comparte y persigue”. Ahora, Bruselas tiene que llevar a cabo un análisis detallado sobre la compatibilidad de las resoluciones con la legislación de la UE, para lo cual necesita información exhaustiva de ambos países, que desde febrero está siendo negada. Les ha dado un plazo de dos meses para presentar dicha información. De lo contrario, Hungría y Polonia recibirán un dictamen motivado y serán derivadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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