Ayer se conoció que la agresión en grupo a un chico gay en Malasaña era una denuncia falsa. El joven dijo que sus atacantes le grabaron «maricón» en el culo a cuchillo, pero resulta que fue una práctica sexual consentida. La diputada de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, a raíz de estos hechos, demanda la retirada de la ley contra la LGTBIfobia.
La diputada de Vox ha expresado en su Twitter lo siguiente: «Después de días de falsas acusaciones sobre la autoría… hoy quizás algunos entiendan por qué denunciamos que la ley contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid, que no respeta la presunción de inocencia del acusado, es una aberración jurídica». Curiosas sus palabras, cuando las únicas declaraciones acerca de los autores de este ya desmentido crimen fueron de su compañero de partido Javier Ortega Smith, que vinculó la agresión con la inmigración ilegal.
Después de días de falsas acusaciones sobre la autoría…hoy quizás, algunos entiendan por qué denunciamos que la ley contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid que no respeta la presunción de inocencia del acusado es una aberración jurídica. https://t.co/817xLBpZdu
— Rocio Monasterio (@monasterioR) September 8, 2021
Ortega Smith sobre la agresión homófoba en Malasaña: «Condenamos todo tipo de violencia. Lo que pedimos es que la información se diga claramente: la violencia tiene una causa directa con la entrada masiva de inmigración ilegal».#LaHoraOrtegaSmith
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— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 7, 2021
Quizás habría que recordarles a ambos que un caso falso no elimina las otras 748 denuncias por delitos de odio registradas en España hasta el 31 de julio de este año. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en una entrevista en la cadena SER que los delitos de odio han aumentado este año un 9»3% respecto a 2019. Lo comparó con este año ya que las datos del 2020, debido a la pandemia, no son determinantes. Ante este aumento de agresiones, una ley como la que lucha contra la LGTBIfobia resulta necesaria y fundamental. La única aberración es que haya partidos políticos en un país democrático como España que defiendan mensajes e ideas de odio, excluyentes y discriminatorios.