2022: el año más violento para la comunidad LGTBIQ+ en una década

La ONG ILGA-Europa ha publicado su último informe, en el que se aprecia un aumento de los discursos de odio y de una violencia “cada vez más planificada”.

Manifestación LGTBIQ+
Manifestación LGTBIQ+
28 febrero, 2023
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El último informe de la ONG Región Europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Asociación Transgénero e Intersexual, revela que 2022 fue el año más violento para la comunidad LGTBIQ+ de España en la última década. Este incremento de violencia y ataques, que han alcanzado niveles “sin precedentes”, se achaca a los discursos de odio.

Según la organización, “los políticos, líderes religiosos, organizaciones de derecha y expertos de los medios de comunicación son la raíz de este creciente fenómeno del discurso anti LGTBI”. “Este año hemos visto que la violencia es cada vez más planificada y mortal, generando que las personas LGTBI se sientan inseguras en países de toda Europa”, alertaba Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa.

2022: el año más violento para la comunidad LGTBIQ+ en una década

Según ILGA-Europa, en 2022 hubo un incremento en las noticias de asesinatos y suicidios de personas del colectivo por toda la región, “y no solo en los países considerados más regresivos”. El informe dice que “los ataques con voluntad consciente y deliberada a matar y herir han aumentado a niveles sin precedentes, incluidos dos ataques terroristas en bares LGTBI en Noruega y Eslovaquia, en los que murieron cuatro personas y veintidós resultaron heridas”.

También señala que la retórica antitrans en España ha ganado terreno, y que esto se puede deber a la nueva ley trans. Y aprovecha para recordar el intento del PSOE de registrar dos enmiendas que limitarían a los menores de entre 14 y 16 su reconocimiento de género.También se alude a un momento trágicamente histórico en la última manifestación del 8-M. Por primera vez en la historia, las manifestaciones se dividieron entre mujeres que apoyaban a la comunidad trans y aquellas que no.

Para alertar del problema que suponen los crímenes de odio en España, ILGA ha usado los datos del Ministerio del Interior, que registran 466 delitos de odio en 2021, en comparación a los 277 documentados en 2020. Se ha denunciado que en 2022 se sigan realizando terapias de conversión. Condenan especialmente a la Comunidad de Madrid por no presentar cargos contra el obispado de Alcalá de Henares que impartió cursos para “curar” la homosexualidad. El informe, no obstante, celebra que con la nueva ley trans se prohíban estos intentos de cambiar de manera forzada la identidad de una persona.

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ILGA alude en su informe a la educación, en especial al intento del nuevo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández, de crear un pin parental para vetar la educación sexual en los colegios. Recuerda, además, el caso de Castellón. Una jueza paralizó el préstamo de 32 libros de temática LGTBI en once institutos públicos y un centro de menores. Esta orden fue resultado de una denuncia de la asociación Abogados Cristianos, que consideraba que este tipo de lectura produciría “perjuicios irreparables al alumnado”.

La ONG también lamentaba el cierre de varias clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual. Estas clínicas tuvieron que trasladar sus servicios, por orden de distintas comunidades autónomas, a la atención médica general. El informe concluye declarando que los tribunales tanto nacionales como locales de Europa “están reaccionando y los procesamientos están aumentando en varios países”. Destacaba en especial los casos de Finlandia y España, donde se han realizados grandes esfuerzos para impulsar el reconocimiento legal de la autodeterminación de género.

Debido a estas conclusiones, la Federación estatal LGTBI, junto con otras entidades de la sociedad civil, exigen impulsar un pacto de Estado contra los discursos de odio cuanto antes. “Tenemos ley, pero el odio va a seguir existiendo, y mientras siga alimentado desde las instituciones públicas las personas LGTBIQ+ seguiremos sufriendo agresiones y ataques en las calles”, sentenciaba Uge Sangil, presidenta de FELGTB.

En un comunicado de la Federación, Sangil denunció que “en España, el ascenso de la ultraderecha a las instituciones públicas ha provocado que, en organismos como el Congreso de los Diputados, tengamos que escuchar discursos que creíamos ya relegados a tiempos pasados, como que existe un alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad, como si ser LGTBIQ+ fuera una enfermedad, una pandemia”.

 

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